Los recursos que el Estado dominicano ha tenido que destinar para cubrir el creciente déficit del sector eléctrico han forzado a distintos gobiernos a obviar, inclusive, la aplicación de algunos programas proyectados en el marco de sus políticas sociales.
El Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), ha sido una de los componentes que integran ese déficit y consiste en un mecanismo mediante el cual el Estado no transfiere a los consumidores finales todo el incremento de los combustibles, aplicando una tarifa inferior a la resultante del cálculo, asumiendo así, la diferencia entre ambas. Dejar fluctuar la tarifa eléctrica, como indicó el FMI en la reciente revisión de la carta de intensión implicaría eliminar este componente del déficit y con ello se aplicaría la tarifa técnica, con la cual los clientes de las EDE’s tendrían que asumir totalmente cualquier variación en los precios de los combustibles.
La aplicación de la tarifa técnica ha sido uno de los más grandes anhelos de la parte privada del sector eléctrico desde el momento mismo de la Capitalización, pues ésta les permitiría transferir de manera directa a los consumidores, todos los costos de la cadena de producción, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad. En vista de que por primera vez, desde la “reforma eléctrica”, los empresarios dirigen las empresas eléctricas estatales, pareciera ser que ha llegado el tiempo de ver realizado ese funesto sueño.
Aunque la lógica económica establece que el precio final de un producto debe contemplar todos los costos en que se incurran para llevarlo al consumidor más cierto beneficio racional, en el caso del mercado eléctrico dominicano esto no aplica aun, pues se trata un mercado con costos de producción no transparentes.
Por lo tanto, antes de dejar fluctuar la tarifa, hay que transparentar los costos.
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