Derecho a la Electricidad

La constitución de la República, proclamada el 26 de enero del 2010, consagra en su artículo 147 un derecho de segunda generación que consideramos importante enseñar a ciertas instituciones, que al parecer no han tenido tiempo para aprenderlo. Se trata del derecho a los servicios públicos.

La electricidad fue declarada servicio público en nuestro país mediante ley, por el ex presidente Rafael Leónidas Trujillo y el legislador constituyente en la última reforma a la carta magna le otorgó rango constitucional, estableciendo que: “los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”, por lo cual el interés privado nunca podrá sobreponerse al de la nación.

Desarrollo este tema ante la indignación  provocada por la muerte de una joven en el municipio de Bonao, quien según los informes periodísticos, se encontraba ajena a la protesta que su comunidad realizaba debido a que la CDEEE, a través de su subsidiaria EDENORTE, se llevaba el transformador de electricidad correspondiente a ese perímetro, con el argumento de que los usuarios no le pagan a la distribuidora.

Este acto de barbarie, que colocaría a esos dominicanos en la oscuridad del Medioevo, es una muestra más de la incompetencia de quienes dirigen en la actualidad la parte empresarial del sector eléctrico, pues ante la incapacidad gerencial de establecer una relación comercial efectiva e individual con  los usuarios, se acude a métodos de represión colectiva, que en esta ocasión provocó lo que he definido como una “muerte eléctrica”.

Contrario al fascismo eléctrico que promueven quienes dirigen la CDEEE y sus filiales, la constitución dominicana declara que “el Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad” y que éstos “deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria”.

Los servicios públicos no son ni pueden ser privilegios de clases sociales.

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Cazad las zorras pequeñas que echan a perder la viña

Abordo este tema a raíz de la actual coyuntura política que vive la nación y de manera especial el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el privilegio de presentarse ante el electorado, fuerte y monolíticamente unido en el propósito de continuar en el gobierno, con un candidato que supera en todo el sentido de la palabra a su oponente principal, con un líder, que en esta ocasión es también el líder del país, de condiciones excepcionales, que ha sido la fuerza motriz de importantes triunfos electorales.

Sin embargo, no podemos ignorar la existencia de “pequeñas zorras que nos pueden echar a perder la viña” como dijera Salomón, lo que contextualizado a nuestro ámbito político hace alusión a personas, acciones y medidas que pudieran atentar contra una nueva victoria del PLD.

Sería irresponsable de nuestra parte pretender que las condiciones favorables al PLD, mencionadas previamente, de cara a las elecciones de mayo del 2012, no serían impactadas por la gestión gubernamental actual. Es ahí donde nace la necesidad de detener toda acción del gobierno central que pueda considerarse un atentado contra el PLD y su candidato presidencial.

Sin caer en el extremismo peronista de que “para el enemigo ni la justicia”, parece ser que ha llegado el tiempo de revisar algunas cosas que el pluralismo, la apertura, el dejar pasar y el dejar hacer han traído en sus bolsos. Por ello sería interesante analizar la conveniencia política de que, entre otros, un dirigente del PRD y ex superintendente de electricidad del gobierno de Hipólito Mejía sea uno de los principales asesores de la  actual administración de la CDEEE, de que actuales enemigos del PLD y del gobierno dirijan departamentos de relaciones públicas de importantes instituciones estatales, entre otras canonjías que se entregan para obtener la pleitesía mediática de personas que de labios honran, pero sus corazones  pertenecen a otro señor.

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ADN: Modelo de improvisación municipal

Dar seguimiento a la gestión municipal que en los últimos años se desarrolla en el Distrito Nacional nos obliga a pensar que la actual administración edilicia enarbola como principal eje gerencial el método de la improvisación administrativa. Aunque no se debería esperar otra cosa, la ciudad capital anhela y merece otra manera de conducción.

Ante la gran amenaza que representaba el paso del huracán Irene por la República Dominicana y debajo de las torrenciales lluvias que éste arrastró, me llamó tristemente la atención ver a humildes obreros de la alcaldía de la Capital podando árboles en algunas avenidas metropolinas, que a todas luces podían ser derribados por el fenómeno atmosférico y causar daños a la ciudad.

Algunos podrán alegrarse al ver esa acción y en esa circunstancia, sin embargo, surgen ciertas consideraciones de orden gerencial que debemos señalar. Las ramas que estaban siendo podadas no crecieron durante el paso del huracán Irene, por lo cual quedó evidenciado que en el ADN no cuenta con una planificación estratégica que le permita abordar oportunamente temas tan sencillos como éste.

Los altos niveles de improvisación del ADN son notables en muchas de las inversiones y gastos que realiza. En ese sentido me gustaría hacer mención de uno de los costosos parques improvisados en la Capital por la actual administración edilicia. Se trata del que estaba ubicado en la avenida Padre Castellanos esquina Josefa Brea. Digo “estaba” porque días después de su terminación fue demolido para dar paso a la II línea del Metro.

A juzgar por sus acciones, el ADN desconoce la existencia de lo que la ley 176-07 define como “competencias coordinadas”, con cuya observancia se evitaría el mal uso de recursos públicos, como los invertidos en ese devastado parque.  Lo mismo podemos decir del oscuro, descuidado y abandonado parque construido en La Ciénaga.  

La improvisación administrativa le cuesta mucho dinero a la nación.

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Rendición de cuentas de los Legisladores

La rendición de cuentas nace con la democracia representativa y es la mejor manifestación del sistema de pesos y contrapesos exhibida en regímenes con separación de poderes claramente definida.

En la concepción lockeana de la administración pública se observa una inclinación a limitar el ejercicio del poder, ya que toda autoridad política del gobierno es conferida para propósitos limitados y puede ser revocada si se verifican excesos y/o abusos en perjuicio de la soberanía popular.

Para entender en su máxima dimensión el proceso de rendición de cuentas, debemos asirnos del término inglés “accountability”, que  aunque no tiene en el idioma español su equivalente exacto, debemos señalar que el mismo nos da la idea de la condición obligatoria que tienen los funcionarios públicos de responder por sus acciones (answerability) informarlas y justificarlas, así como, de someterse al rigor de las debidas sanciones (enforcement) que se deriven del incumplimiento de sus responsabilidades.    

La constitución de la República Dominicana proclamada en enero del 2010 establece en su artículo 92 que  “los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan”, obligando así a los congresistas, a mostrarle a sus representados cuál  ha sido su desempeño durante cada año de gestión parlamentaria.

Esta conquista constitucional le brinda la oportunidad a los electores de conocer, más allá de la esquizofrenia proselitista, quienes cumplen con su verdadero rol de legislador, lo que al momento de elegir nuevamente a sus representantes, les permitirá realizar una escogencia apegada a criterios de eficiencia en esa función pública.    

En vista de que este 16 de agosto se cumplió un año de labor legislativa y aprovechando que es la primera ocasión que los electores disfrutarán de este derecho, sería interesante que los congresistas que no han cumplido con este mandato constitucional, lo hagan, para beneficio de la institucionalidad de la nación.

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Despolitizar el sector eléctrico?

De repente se escuchan reducidas voces comprometidas con el actual modelo eléctrico de la República Dominicana, pidiendo que se “despolitice el sector eléctrico”. Pero cuál es realmente el interés de estos mensajeros del fracaso? A juzgar por los resultados debemos decir que estos pronunciamientos no son más que un grito de desesperación al ver que el modelo y las personas a las cuales apostaron han hundido al sistema eléctrico en un círculo perverso de pérdidas comerciales inacabables, déficit anual creciente y sobretodo de mucha insatisfacción en una población que votó para que una visión política los gobernara y les suministrara ese servicio “a precio razonable, en cantidad suficiente y con la calidad necesaria”.

Una de las principales características de los regímenes democráticos es la existencia de distintas expresiones políticas, nucleadas en partidos políticos que ante el electorado presentan propuestas en las cuales muestran la manera en que ejercerán la función pública una vez alcancen el poder. Luego es potestad de quienes gobiernan designar, de acuerdo a la Constitución y las leyes, las personas que han de ocupar las posiciones públicas.

Estas designaciones se tornan más fáciles para las autoridades y mucho más beneficiosas para la población cuando la visión política que alcanzó el gobierno, tiene en sus filas buenos profesionales en el área en cuestión, lo que garantiza que ese cargo público no solo será desempeñado con el criterio técnico-profesional requerido, sino también, con el cuidado y compromiso de ver realizado los propósitos generales de la organización política que convenció a la población y por la cual ésta sufragó.

Para estos heraldos entreguistas, despolitizar el sector eléctrico significa borrar toda influencia del Estado en este servicio público. Esto implicaría dejar a los usuarios indefensos en las manos del sector privado, que de manera incomprensible obtiene, años tras años, cientos de millones de dólares de beneficios en un mercado que es molestosamente deficitario.

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Dos años de involución en el Sector Eléctrico

La CDEEE es la principal institución del sector eléctrico dominicano, de acuerdo al artículo 138 de la Ley  General de Electricidad 125-01, que le asigna el rol de coordinar las empresas eléctricas y en la coyuntura presente su papel es mucho más protagónico  ya que también es un holding de empresas, propietaria de las tres distribuidoras de electricidad, de la Empresa Generadora de Electricidad Hidráulica EGEHID, de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, del 50% de las acciones del Estado en las Empresas Generadoras ITABO y HAINA, por lo cual podemos afirmar que como marcha la CDEEE, marcha el sistema eléctrico nacional.

Lamentablemente la CDEEE no ha marchado bien estos dos últimos años, pues a pesar de que la vicepresidencia ejecutiva de esa institución a disfrutado en ese tiempo de un incremento acumulado en la tarifa superior al 20%, las pérdidas hoy están varios puntos porcentuales por encima del 34% que encontró al llegar.

La actual gestión eléctrica ha involucionado ese sector, ya que de 700 millones de dólares que fue el subsidio para el año 2009, el promedio anual durante sus dos años de administración será, aproximadamente, de 1,050 millones de dólares.

Otro elemento que muestra el carácter regresivo de la CDEEE en estos dos últimos años, es que su vicepresidencia ejecutiva no ha instalado ni siquiera un solo megavatio nuevo en el parque de generación. No puede atribuírsele a la actual administración la instalación de las plantas de la empresa generadora LAESA, pues éstas habían sido puestas en línea muchos meses antes por la gestión que le precedió y esto es comprobable con las transacciones económicas del mercado eléctrico.

La demanda de electricidad en nuestro país tiene un crecimiento vegetativo que oscila entre 4 y 6% anual, por lo que debemos añadir al glosario de infortunios  provocados por la presente administración de la CDEEE, un déficit acumulado en la demanda de 10%, que ensancha el histórico ya arrastrado.

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Fondo de Estabilización de la Tarifa

Los recursos que el Estado dominicano ha tenido que destinar para cubrir el creciente déficit del sector eléctrico han forzado a distintos gobiernos a obviar, inclusive, la aplicación de algunos programas proyectados en el marco de sus políticas sociales.

El Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), ha sido una de los componentes que integran ese déficit y consiste en un mecanismo mediante el cual el Estado no transfiere a los consumidores finales todo el incremento de los combustibles, aplicando una tarifa inferior a la resultante del cálculo, asumiendo así, la diferencia entre ambas. Dejar fluctuar la tarifa eléctrica, como indicó el FMI en la reciente revisión de la carta de intensión implicaría eliminar este componente del déficit y con ello se aplicaría la tarifa técnica, con la cual los clientes de las EDE’s tendrían que asumir totalmente cualquier variación en los precios de los combustibles.

La aplicación de la tarifa técnica ha sido uno de los más grandes anhelos de la parte privada del sector eléctrico desde el momento mismo de la Capitalización, pues ésta les permitiría transferir de manera directa a los consumidores, todos los costos de la cadena de producción, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad. En vista de que por primera vez, desde la “reforma eléctrica”, los empresarios dirigen las empresas eléctricas estatales, pareciera ser que ha llegado el tiempo de ver realizado ese funesto sueño.

Aunque la lógica económica establece que el precio final de un producto debe contemplar todos los costos en que se incurran para llevarlo al consumidor más cierto beneficio racional, en el caso del mercado eléctrico dominicano esto no aplica aun, pues se trata un mercado con costos de producción no transparentes.

Por lo tanto, antes de dejar fluctuar la tarifa, hay que transparentar los costos. 

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