sábado, 20 de agosto de 2011

Rendición de cuentas de los Legisladores

La rendición de cuentas nace con la democracia representativa y es la mejor manifestación del sistema de pesos y contrapesos exhibida en regímenes con separación de poderes claramente definida.

En la concepción lockeana de la administración pública se observa una inclinación a limitar el ejercicio del poder, ya que toda autoridad política del gobierno es conferida para propósitos limitados y puede ser revocada si se verifican excesos y/o abusos en perjuicio de la soberanía popular.

Para entender en su máxima dimensión el proceso de rendición de cuentas, debemos asirnos del término inglés “accountability”, que  aunque no tiene en el idioma español su equivalente exacto, debemos señalar que el mismo nos da la idea de la condición obligatoria que tienen los funcionarios públicos de responder por sus acciones (answerability) informarlas y justificarlas, así como, de someterse al rigor de las debidas sanciones (enforcement) que se deriven del incumplimiento de sus responsabilidades.    

La constitución de la República Dominicana proclamada en enero del 2010 establece en su artículo 92 que  “los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan”, obligando así a los congresistas, a mostrarle a sus representados cuál  ha sido su desempeño durante cada año de gestión parlamentaria.

Esta conquista constitucional le brinda la oportunidad a los electores de conocer, más allá de la esquizofrenia proselitista, quienes cumplen con su verdadero rol de legislador, lo que al momento de elegir nuevamente a sus representantes, les permitirá realizar una escogencia apegada a criterios de eficiencia en esa función pública.    

En vista de que este 16 de agosto se cumplió un año de labor legislativa y aprovechando que es la primera ocasión que los electores disfrutarán de este derecho, sería interesante que los congresistas que no han cumplido con este mandato constitucional, lo hagan, para beneficio de la institucionalidad de la nación.

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sábado, 13 de agosto de 2011

Despolitizar el sector eléctrico?

De repente se escuchan reducidas voces comprometidas con el actual modelo eléctrico de la República Dominicana, pidiendo que se “despolitice el sector eléctrico”. Pero cuál es realmente el interés de estos mensajeros del fracaso? A juzgar por los resultados debemos decir que estos pronunciamientos no son más que un grito de desesperación al ver que el modelo y las personas a las cuales apostaron han hundido al sistema eléctrico en un círculo perverso de pérdidas comerciales inacabables, déficit anual creciente y sobretodo de mucha insatisfacción en una población que votó para que una visión política los gobernara y les suministrara ese servicio “a precio razonable, en cantidad suficiente y con la calidad necesaria”.
Una de las principales características de los regímenes democráticos es la existencia de distintas expresiones políticas, nucleadas en partidos políticos que ante el electorado presentan propuestas en las cuales muestran la manera en que ejercerán la función pública una vez alcancen el poder. Luego es potestad de quienes gobiernan designar, de acuerdo a la Constitución y las leyes, las personas que han de ocupar las posiciones públicas.
Estas designaciones se tornan más fáciles para las autoridades y mucho más beneficiosas para la población cuando la visión política que alcanzó el gobierno, tiene en sus filas buenos profesionales en el área en cuestión, lo que garantiza que ese cargo público no solo será desempeñado con el criterio técnico-profesional requerido, sino también, con el cuidado y compromiso de ver realizado los propósitos generales de la organización política que convenció a la población y por la cual ésta sufragó.
Para estos heraldos entreguistas, despolitizar el sector eléctrico significa borrar toda influencia del Estado en este servicio público. Esto implicaría dejar a los usuarios indefensos en las manos del sector privado, que de manera incomprensible obtiene, años tras años, cientos de millones de dólares de beneficios en un mercado que es molestosamente deficitario.

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sábado, 6 de agosto de 2011

Dos años de involución en el Sector Eléctrico

La CDEEE es la principal institución del sector eléctrico dominicano, de acuerdo al artículo 138 de la Ley  General de Electricidad 125-01, que le asigna el rol de coordinar las empresas eléctricas y en la coyuntura presente su papel es mucho más protagónico  ya que también es un holding de empresas, propietaria de las tres distribuidoras de electricidad, de la Empresa Generadora de Electricidad Hidráulica EGEHID, de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, del 50% de las acciones del Estado en las Empresas Generadoras ITABO y HAINA, por lo cual podemos afirmar que como marcha la CDEEE, marcha el sistema eléctrico nacional.
Lamentablemente la CDEEE no ha marchado bien estos dos últimos años, pues a pesar de que la vicepresidencia ejecutiva de esa institución a disfrutado en ese tiempo de un incremento acumulado en la tarifa superior al 20%, las pérdidas hoy están varios puntos porcentuales por encima del 34% que encontró al llegar.
La actual gestión eléctrica ha involucionado ese sector, ya que de 700 millones de dólares que fue el subsidio para el año 2009, el promedio anual durante sus dos años de administración será, aproximadamente, de 1,050 millones de dólares.
Otro elemento que muestra el carácter regresivo de la CDEEE en estos dos últimos años, es que su vicepresidencia ejecutiva no ha instalado ni siquiera un solo megavatio nuevo en el parque de generación. No puede atribuírsele a la actual administración la instalación de las plantas de la empresa generadora LAESA, pues éstas habían sido puestas en línea muchos meses antes por la gestión que le precedió y esto es comprobable con las transacciones económicas del mercado eléctrico.
La demanda de electricidad en nuestro país tiene un crecimiento vegetativo que oscila entre 4 y 6% anual, por lo que debemos añadir al glosario de infortunios  provocados por la presente administración de la CDEEE, un déficit acumulado en la demanda de 10%, que ensancha el histórico ya arrastrado.
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