Derecho a la Electricidad

La constitución de la República, proclamada el 26 de enero del 2010, consagra en su artículo 147 un derecho de segunda generación que consideramos importante enseñar a ciertas instituciones, que al parecer no han tenido tiempo para aprenderlo. Se trata del derecho a los servicios públicos.

La electricidad fue declarada servicio público en nuestro país mediante ley, por el ex presidente Rafael Leónidas Trujillo y el legislador constituyente en la última reforma a la carta magna le otorgó rango constitucional, estableciendo que: “los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”, por lo cual el interés privado nunca podrá sobreponerse al de la nación.

Desarrollo este tema ante la indignación  provocada por la muerte de una joven en el municipio de Bonao, quien según los informes periodísticos, se encontraba ajena a la protesta que su comunidad realizaba debido a que la CDEEE, a través de su subsidiaria EDENORTE, se llevaba el transformador de electricidad correspondiente a ese perímetro, con el argumento de que los usuarios no le pagan a la distribuidora.

Este acto de barbarie, que colocaría a esos dominicanos en la oscuridad del Medioevo, es una muestra más de la incompetencia de quienes dirigen en la actualidad la parte empresarial del sector eléctrico, pues ante la incapacidad gerencial de establecer una relación comercial efectiva e individual con  los usuarios, se acude a métodos de represión colectiva, que en esta ocasión provocó lo que he definido como una “muerte eléctrica”.

Contrario al fascismo eléctrico que promueven quienes dirigen la CDEEE y sus filiales, la constitución dominicana declara que “el Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad” y que éstos “deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria”.

Los servicios públicos no son ni pueden ser privilegios de clases sociales.

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Cazad las zorras pequeñas que echan a perder la viña

Abordo este tema a raíz de la actual coyuntura política que vive la nación y de manera especial el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el privilegio de presentarse ante el electorado, fuerte y monolíticamente unido en el propósito de continuar en el gobierno, con un candidato que supera en todo el sentido de la palabra a su oponente principal, con un líder, que en esta ocasión es también el líder del país, de condiciones excepcionales, que ha sido la fuerza motriz de importantes triunfos electorales.

Sin embargo, no podemos ignorar la existencia de “pequeñas zorras que nos pueden echar a perder la viña” como dijera Salomón, lo que contextualizado a nuestro ámbito político hace alusión a personas, acciones y medidas que pudieran atentar contra una nueva victoria del PLD.

Sería irresponsable de nuestra parte pretender que las condiciones favorables al PLD, mencionadas previamente, de cara a las elecciones de mayo del 2012, no serían impactadas por la gestión gubernamental actual. Es ahí donde nace la necesidad de detener toda acción del gobierno central que pueda considerarse un atentado contra el PLD y su candidato presidencial.

Sin caer en el extremismo peronista de que “para el enemigo ni la justicia”, parece ser que ha llegado el tiempo de revisar algunas cosas que el pluralismo, la apertura, el dejar pasar y el dejar hacer han traído en sus bolsos. Por ello sería interesante analizar la conveniencia política de que, entre otros, un dirigente del PRD y ex superintendente de electricidad del gobierno de Hipólito Mejía sea uno de los principales asesores de la  actual administración de la CDEEE, de que actuales enemigos del PLD y del gobierno dirijan departamentos de relaciones públicas de importantes instituciones estatales, entre otras canonjías que se entregan para obtener la pleitesía mediática de personas que de labios honran, pero sus corazones  pertenecen a otro señor.

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ADN: Modelo de improvisación municipal

Dar seguimiento a la gestión municipal que en los últimos años se desarrolla en el Distrito Nacional nos obliga a pensar que la actual administración edilicia enarbola como principal eje gerencial el método de la improvisación administrativa. Aunque no se debería esperar otra cosa, la ciudad capital anhela y merece otra manera de conducción.

Ante la gran amenaza que representaba el paso del huracán Irene por la República Dominicana y debajo de las torrenciales lluvias que éste arrastró, me llamó tristemente la atención ver a humildes obreros de la alcaldía de la Capital podando árboles en algunas avenidas metropolinas, que a todas luces podían ser derribados por el fenómeno atmosférico y causar daños a la ciudad.

Algunos podrán alegrarse al ver esa acción y en esa circunstancia, sin embargo, surgen ciertas consideraciones de orden gerencial que debemos señalar. Las ramas que estaban siendo podadas no crecieron durante el paso del huracán Irene, por lo cual quedó evidenciado que en el ADN no cuenta con una planificación estratégica que le permita abordar oportunamente temas tan sencillos como éste.

Los altos niveles de improvisación del ADN son notables en muchas de las inversiones y gastos que realiza. En ese sentido me gustaría hacer mención de uno de los costosos parques improvisados en la Capital por la actual administración edilicia. Se trata del que estaba ubicado en la avenida Padre Castellanos esquina Josefa Brea. Digo “estaba” porque días después de su terminación fue demolido para dar paso a la II línea del Metro.

A juzgar por sus acciones, el ADN desconoce la existencia de lo que la ley 176-07 define como “competencias coordinadas”, con cuya observancia se evitaría el mal uso de recursos públicos, como los invertidos en ese devastado parque.  Lo mismo podemos decir del oscuro, descuidado y abandonado parque construido en La Ciénaga.  

La improvisación administrativa le cuesta mucho dinero a la nación.

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